Entrevista a Emilio Calatayud: “Las medidas abiertas resultan más eficaces para lograr la inserción”

Jueves, 15 Noviembre, 2001

El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, opina que las medidas educativas en régimen abierto son las que mejores resultados obtienen de cara a la integración de los menores y jóvenes infractores. Calatayud insta a aprovechar las posibilidades que brinda la libertad vigilada en pro de la inserción y apela a una mayor coordinación entre las actuaciones de los juzgados de menores, Educación y Servicios Sociales. El magistrado hace un llamamiento a la reflexión para impedir que la alarma social generada en torno a la delincuencia juvenil incremente de forma desorbitada el número de medidas privativas de libertad.

PREGUNTA: ¿Cree que las medidas de tipo abierto y educativas resultan más efectivas para la integración de los menores y jóvenes infractores?

RESPUESTA: Siempre he pensado que las medidas privativas de libertad deben ser las últimas que debemos aplicar. Precisamente por ello soy un gran defensor de las medidas abiertas, dado que tienen más duración en el tiempo y permiten realizar un seguimiento continuo del joven en su propio entorno. Creo que los jueces de menores debemos aprovechar la posibilidad que nos brinda la Ley de supervisar y transformar las medidas en función de la respuesta de cada joven, por tanto siempre que me sea posible apostaré por periodos dilatados en régimen abierto, el trabajo a favor de la comunidad y la formación como elemento indispensable para lograr la inserción social y laboral.

P: Sin embargo, para poder acceder a cursos de formación profesional ocupacional y otros recursos se suele exigir como mínimo estar en posesión del Graduado Escolar, cuando muchos jóvenes infractores carecen de él.

R: Pues por ahí es por donde hay que empezar: apretando en los estudios, estableciendo medidas de uno o dos años de duración en regímenes abierto o semiabierto, haciendo especial hincapié en la formación para la obtención de estos títulos y contando también con la colaboración de los centros educativos y, en general, de Educación, dado que estamos hablando de casos que requieren una especial atención. En estas circunstancias creo que debe imperar la flexibilidad por parte de los jueces, Servicios Sociales y Educación porque, al fin y al cabo siempre queda la posibilidad de modificar las medidas en función de la evolución de cada menor.

P: ¿Cree que existe una actuación coordinada a la hora de realizar el seguimiento del joven en su entorno?

R: En realidad no, y yo creo que el papel de los juzgados debería ir más allá. La inserción se debe trabajar a todos los niveles: a nivel chico, a nivel entorno y a nivel familia.

P: ¿Cree que la alarma social generada alrededor de la violencia juvenil está determinando la imposición de un mayor número de medidas en régimen cerrado?

R: Sinceramente pienso que deberíamos realizar un examen de conciencia al objeto de determinar si estamos internando sólo a los jóvenes que deben estarlo. Creo que el régimen abierto y la libertad vigilada ofrecen posibilidades más interesantes y efectivas; sin embargo también creo que muchas veces los jueces nos dejamos llevar por la alarma social y adoptamos la decisión más cómoda y menos polémica cara a la sociedad y a los medios de comunicación. Particularmente pienso que a nivel comunidad andaluza hay demasiados jóvenes internados, cuando está demostrado que las medidas abiertas y educativas obtienen mejores resultados. Por ejemplo, cuando llegué a los Juzgados de Menores el índice de fracaso de la Inserción era del 95%, porcentaje que actualmente ha descendido hasta el 40%. Ese balance positivo nos está desvelando que hay mucha gente recuperable, sobre todo entre los jóvenes que empiezan a realizar sus primeras infracciones. Y es aquí donde tenemos que cortar de raíz poniendo medios, materializando iniciativas, coordinando recursos y haciendo un gran esfuerzo de imaginación.

P: ¿Cómo cree que trata la prensa el tema de los menores y jóvenes infractores a nivel nacional?

R: La campaña de informaciones equivocadas que se ha venido realizando alrededor de la entrada en vigor de la Ley del Menor, así como la cobertura de otras noticias de corte truculento han tenido mucho peso a la hora de generar en la sociedad ese clima de alarma social que tanto mediatiza. Creo que más que falta de información, los medios han generado una mala información que está perjudicando claramente. Al final nadie defiende los derechos del menor y a poca gente le importa lo que pueda afectar a esta parte de la población, si no, a los hechos me remito: ¿por qué no existe la figura del Defensor del Menor a nivel nacional? ¿a quién resta protagonismo? ¿por qué nadie defiende los derechos del menor de los medios de comunicación? Creo que al final los menores y jóvenes son los que menos cuentan.

P: ¿Cree que la Ley 5/2000 puede tener lagunas que hayan propiciado el surgimiento de esa alarma social?

R: Aunque yo soy un defensor de la Ley encuentro que existen problemas especialmente graves, como es el caso de que los menores de catorce años queden fuera de los procesos judiciales. En concreto este aspecto me parece una auténtica provocación que debería solventarse con la posibilidad de establecer medidas en régimen abierto a partir de los doce años. Otra papeleta es también el tema de la protección de menores y el de la inmigración, que se debería controlar intensificando la tarea policial para la repatriación de las personas que tenemos identificadas.

P: ¿Qué opina del aumento de las infracciones cometidas por jóvenes aparentemente normalizados?

R: Sí es cierto que se está produciendo un cambio que desvela el aumento de infracciones entre jóvenes aparentemente normalizados. Esta circunstancia me lleva a creer que estos jóvenes son más fácilmente recuperables, aunque también es cierto que los delitos que cometen son más violentos. En realidad, el aumento de la violencia juvenil es consecuencia de la crisis de valores que afecta a nuestra sociedad.

P: ¿Y el aumento de infracciones cometidas por jóvenes inmigrantes?

R: No creo que por tratarse de jóvenes inmigrantes que viven en condiciones precarias vayan a delinquir más que los propios españoles que también se encuentren en situación de injusticia social.

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