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El pasado 17 de julio, representantes de Fundación Diagrama participaron en Madrid en la firma del III Convenio Colectivo de Protección de Menores y Reforma Juvenil, que se llevó a cabo tras un año y medio de negociación. El texto supone una adaptación a los cambios establecidos en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y una actualización de salarios en una estructura acorde con la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El III Convenio es de aplicación en el período 2017-2021, y supone un incremento garantizado del 0,5% del salario base para cada año entre 2018 y 2021, así como el establecimiento de mayores cantidades en concepto de complemento específico, en función de la renovación efectiva de los contratos públicos que sustentan mayoritariamente la actividad del sector. En el conjunto del período, los incrementos salariales se mueven en una horquilla entre el 8% y el 12%. El objetivo es que a 1 de julio de 2021 todas las entidades que operan en el sector garanticen el abono de las tablas pactadas, tras un período de transición en que las subidas estarán condicionadas por la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.
El nuevo Convenio tiene en cuenta las recientes modificaciones de la Ley de Protección Jurídica del Menor y el conjunto de servicios que se prestan a nivel autonómico, comarcal y local. Esto permite a las distintas administraciones públicas identificar de forma clara y precisa el ámbito de actuación del acuerdo, y evita colisiones con otros convenios colectivos que operan en el marco de los servicios sociales y la atención a personas en situación de vulnerabilidad social.
En materia salarial se busca la equiparación de salarios entre los dos ámbitos del convenio, con una mayor subida en el caso de protección de menores y un incremento de los salarios más bajos hasta llegar a un bruto mínimo de 14.000 € en 2021. Por su parte, el 1 de enero de 2019 la jornada anual pasa de 1.771 a 1.750 horas, una reducción que supone una mejora adicional a los incrementos retributivos. También se establecen avances en materia de excedencias y permisos para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
Se crea además una Comisión Delegada cuyo cometido principal será vigilar la aplicación del Convenio por parte de las administraciones públicas respecto a las obligaciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, se establece una nueva regulación en materia de subrogación que especifica las condiciones para facilitar la información necesaria entre entidades, de cara a garantizar los derechos de las plantillas afectadas.
Finalmente, los puestos de trabajo con la denominación Educador/a pasan a ser de Educador/a Social, garantizando el empleo para aquellas personas que ya estuvieran desempeñando tales funciones y respetando lo establecido por las administraciones públicas con competencia. Además, para adecuar el sistema de clasificación profesional a las necesidades del sector, se crea una Comisión para que defina las funciones de los distintos grupos profesionales.
El III Convenio Colectivo ha sido suscrito por las patronales que representan al 93% de entidades del sector: Federación Estatal de Entidades del Tercer Sector en el Ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia y de la Justicia Juvenil (FEPJJ), de la que forma parte Fundación Diagrama; Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores (AEFYME); Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales (AEEISS); Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención Social (OEIS); y Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (APAES). Por parte sindical, ha sido suscrito por los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en el ámbito del Convenio.
